INFORME ECONOMICO Lunes 27 Enero de 2014
Equipo técnico económico de Elisa Carrió
INFORME ECONÓMICO
La reciente devaluación del peso, que implicó una suba del dólar en el mercado oficial del 22,7% en lo que va de Enero resume claramente las incoherencias de la política económica peronista, invalidando su relato de “modelo de matriz productiva con inclusión social”. Es evidente que un salto de la magnitud señalada en una variable macroeconómica clave implica intentar la corrección de un importante desequilibrio en el mercado de cambios, que no puede atribuirse sino a la política implementada en los últimos años. La presidente ha dicho con todas las letras que no esperemos un salto cambiario durante su gobierno. Pues bien, incluido lo sucedido en Enero, el dólar oficial se ha encarecido 61,6% en los últimos 365 días.

Ya en Junio del año pasado este espacio político advirtió públicamente que de continuar el gobierno con su “modelo”, a fines de 2015 el BCRA se iba a quedar con reservas netas muy bajas, alrededor de un mes de importaciones. Es evidente que al gobierno no le quedaba otro recurso que devaluar, al contar actualmente con activos externos netos del BCRA por alrededor de US$16.300 mill., previa deducción de la deuda con los bancos, en respaldo de los depósitos en dólares del público y otros rubros, o sea menos de tres meses de importaciones.

En un marco de flotación “administrada” es necesario contar con un stock de divisas que permita cierta intervención ante una eventual inestabilidad en la demanda de dinero doméstico; es decir, tener capacidad para poder influir sobre el tipo de cambio al cual se efectúan las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, lo que precisamente implica negociar moneda local por extranjera.

Actualmente poco más del 50% del total de moneda local u oferta monetaria proviene de la deuda del BCRA con el público y el sistema bancario. El resto es dinero endógeno que equivale a la capacidad prestable por depósitos del público en los bancos e implica deudas y acreencias entre los distintos agentes económicos, que se cancelan entre sí aunque con diversos plazos de vencimiento, habitualmente mayores en los créditos que en los depósitos. Ante cambios importantes de cartera por parte del público se producen fenómenos de iliquidez bancaria al no poder cobrarse perentoriamente los créditos, pero en la medida en que la administración de la flotación del cambio se limite a abortar burbujas especulativas, no a sostener obstinadamente un rango de cotización acotado, y además el Banco Central ejerza su rol de prestamista de última instancia, la variación del dinero endógeno no invalida lo que sigue.

La base monetaria y otros pasivos exigibles a interés del BCRA con maduración promedio menor a 6 meses eran equivalentes a US$71.452 el pasado Viernes 17/1/14, previo al salto devaluatorio de la semana pasada; es decir que las divisas netas por entonces, de US$16.835 mill., eran el 23,6% de aquélla. La magnitud de esta proporción es relevante para sopesar la fuerza disuasiva del Banco Central frente a una eventual “corrida” cambiaria por desconfianza en la moneda local. Por ejemplo, al fin del periodo Febrero/Junio 2013, cuando el gobierno podía mantener cierta influencia sobre la confianza del público, tomando como indicador el mantenimiento con altibajos del dólar paralelo alrededor de $8, la proporción de reservas netas sobre pasivos monetarios era de 34,2%. No vale la comparación con la situación del 2002, cuando la estabilización se dio en un marco de flotación pero luego de una devaluación de casi 300%, con “corralón” para los depósitos a plazo fijo prexistentes, y renovación “de facto” de los fondos tomados de FMI y otros organismos externos, lo que daba un respaldo de más del 100% de la base monetaria.

Se ha llegado a la situación actual luego de un largo proceso de aceleración inflacionaria a partir de fines de 2007, aunque ya había comenzado en 2004, bajo la apariencia de ser lo que en teoría económica se denomina “inflación estructural”, cambios en precios relativos resultantes de un proceso de crecimiento, que ante cierta inflexibilidad de precios a la baja y mecanismos de propagación hacia otros precios y salarios, induce a una inflación relativamente moderada, que convalida la autoridad monetaria con emisión por cualquier vía para evitar una recesión o freno al crecimiento. Valga por ejemplo el de nuestros países vecinos, o Perú y Colombia. De más está decir que eso tiene límites, porque si no se convierte en espiral.

Aquí entre 2004 y 2007 se emitió acumulando reservas, que parte sostuvo la inflación al 11/12% por la mayor demanda nominal de dinero que eso conllevaba, y el resto causado por el crecimiento real del PBI, la monetización más allá de éste al superarse el periodo inflacionario de 2002 y el moderado superávit en las finanzas públicas.

En 2007/8 había prácticamente equilibrio fiscal. La aceleración inflacionaria comenzó en 2008 y que persiste hoy agravada hasta límites insospechados. Es obvio que dado los atrasos tarifarios y los escandalosos subsidios, sumados al incesante gasto público hizo emerger como problema central el déficit fiscal.  De poco vale el argumento del aumento de los precios internacionales; de hecho las retenciones fueron aumentadas y en todo caso la política de tipo de cambio flotante estaba para contrarrestarlo. Igual el tipo real de cambio cayó el 18,3% entre el IVº trimestre de 2007 y el Iº de 2010 por una mayor inflación doméstica, afectando la competitividad tal como hubiera sucedido por una caída de la tasa de cambio nominal. Era más fácil ser simpático con los sindicatos y empresarios amigos, que preservar un crecimiento sostenido en un entorno de inflación del 10%, a decir verdad un mediocre objetivo para los “estándares” de los países hermanos mencionados más arriba.

Comienza a gestarse la crisis económica que hoy vemos, agravada por la falta de inversión suficiente en energía, justamente a raíz del atraso tarifario como mala señal.

En vez de intentar moderar la puja distributiva, el propio gobierno la acicateó, empeorando el problema fiscal, y el voluntarismo lo llevó a una “huida hacia adelante”, mientras tapaba el problema interviniendo el INDEC, profundizando el retraso tarifario por la inflación, y el déficit en energía, donde a la inversión insuficiente, agregó una demanda exacerbada por los bajos precios.

Así hemos desembocado en esta crisis monetaria de raíz fiscal. La necesidad de financiamiento de la Tesorería con el BCRA por los 365 días finalizados el 17/1/14 resulta de AR$162.000 mill. o aproximadamente 6,0% del PBI, de los cuales AR$128.000 mill. son por el resultado financiero de la Tesorería, AR$18.000 mill. por amortización de la deuda y AR$16.000 mill. por déficit cuasi-fiscal del BCRA debido al pago de intereses por su deuda en LEBAC y NOBAC. En proporción a los pasivos monetarios del BCRA representa un 39,7% de crecimiento anual.

Hacia adelante, teniendo en cuenta factores negativos (la mayor tasa de crecimiento actual de los gastos públicos frente a los ingresos y la obligación por el cupón de PBI a fin año, que no se pagó en el periodo 18/1/13-17/1/14) y positivos (la decisión de endeudarse al menos en los pagos de amortización de la deuda pública, y utilizar el excedente del resto del Sector Público Nacional aparte de la Tesorería para financiarla), los resultados son similares. Dado la alta devaluación reciente, más casi 20% adicional por los 11 meses que restan del año, se puede hacer una hipótesis de inflación meramente indicativa entre 32 y 40%, con pérdida anual de reservas por unos US$3.500 mill. para el valor central, si los subsidios permanecen constantes en términos reales. Para anular este último importe se requeriría reducirlos alrededor de un 13%. Aunque esto parezca exiguo hay que considerar que las partidas deben aumentar por la falta de inversión en la distribución eléctrica, en ferrocarriles y demás gastos en infraestructura atendidos deficientemente en estos últimos años, más la factura de las importaciones energéticas.

El crecimiento de la economía lo estimamos entre 1/2% en la versión INDEC y -0,5/+0,5% corregido por las manipulaciones estadísticas de ése organismo, que desaparecerían completamente recién a fin de año. Esto se apoya en la tendencia-ciclo estancada o declinante para los últimos datos difundidos por el mismo tanto del estimador mensual de actividad económica (EMAE) como del estimador mensual industrial (EMI), a lo que cabe agregar la incertidumbre generada por el encarecimiento de 24,5% en el dólar oficial durante los últimos 31 días. Al respecto la paralización de las ventas de bienes durables en los últimos dos días es lo suficientemente ilustrativa. En igual sentido ha operado la suba en los impuestos internos a las ventas de automóviles, y la tendencia declinante de las exportaciones de éstos a Brasil.

A todo esto se agrega la decisión del BCRA de aumentar en alrededor de 6 puntos porcentuales anuales (600b.p.) las tasas de colocación de LEBAC a 70 (25,52% anual) y 98 días (25,89%) de plazo, respecto de las fijadas en su última licitación la semana pasada. El objetivo es absorber dinero para ubicar las tasas de interés por depósitos del público a menor distancia de la tasa de inflación que es presumible esperar. Sin embargo si ésta fuese el señalado 36%, la situación relativa no diferiría de la que había a mediados de año y que se mantuvo hasta fines de Diciembre, con tasas promedio de LEBAC al 16,4% anual y tasa de inflación de 26,3%. Lo que sí sucederá es que de mantenerse las nuevas tasas el déficit cuasi-fiscal en el BCRA aumentará unos AR$12.000 mill. al año.

El desplazamiento al alza en la estructura de tasas pasivas y activas puede acicatear aún más la tasa de inflación, como muchas veces se pudo observar antes de los ’90.

El relajamiento del control de cambios para las compras para atesoramiento sólo retrotrae la situación a mediados de 2012, cuando se permitían, pero sólo de manera arbitraria y discrecional, y no como antes de la implantación del “cepo” a fines de Octubre de 2011. Más bien parece una medida que busca descomprimir un poco la demanda por dólares-billete paralelos, influyendo en las expectativas.

Quedan dos interrogantes para los próximos 2 meses: a) si los aumentos de salarios superan el 30% anual, umbral que algunos dirigentes sindicales han sugerido, o si en su defecto se pedirán cláusulas-gatillo para corregirlos con una inflación observada mayor; b) cuál será la suba de tarifas, que en principio no puede ser inferior a una mezcla de inflación y tipo de cambio, por el aumento real de éste, que preliminarmente estimamos en 18/19% en promedio entre 2013 y 2014, dadas las importaciones netas de energía y otros elementos importables o exportables que integran el costo de operación en el resto de las actividades que reciben subsidios, es decir transporte y otros servicios públicos como el agua corriente; en caso contrario el monto total de los subsidios seguiría creciendo en términos reales.

Naturalmente, ambas cuestiones inciden decididamente sobre las hipótesis y proyecciones aquí presentadas.

Del fracaso del “modelo” basta sólo mencionar unas pocas frases lapidarias dichas el Viernes pasado 24/1 por el economista de centro-izquierda, premio Nobel, Joseph Stiglitz, a quién la presidente y su pequeño ministro malcriado admiran: “El gobierno ha implantado una serie de medidas insostenibles, y está siendo forzado a revertirlas. La realidad impondrá claramente algunos cambios: hay que vivir por los propios medios; si la moneda se devalúa, ello significa que deberá pagarse más por las importaciones. Tendrá que cambiar sus políticas y la cuestión es cuándo y cómo.”

La política económica de este periodo peronista ha tenido un sesgo decididamente dirigista sobre la actividad económica privada, teniendo por efecto el desaliento del sector agropecuario sólo mitigado por la suba de los precios de exportación, imponiendo cuotas, licencias y otras restricciones similares que han desalentado varias clases de cultivos, productos regionales, la producción de carne, leche y sus derivados. Así termina con precios locales del trigo y sus derivados por encima de los internacionales, al desalentar la producción exportable, para supuestamente defender “la mesa de los argentinos”, que seguramente va a ser cada vez más difícil de servir si se sigue desalentando nuestra producción con ventaja comparativa internacional. Con rodeos decrecientes, que nos dejan por debajo del cálido Paraguay en exportaciones cárnicas.

Ha aplicado subas de impuestos, retenciones y otras gabelas, que ha aumentado en 10% del PBI la recaudación nacional sólo entre 2007 y 2013, induciendo por su propia voracidad a hacer lo propio en las provincias, ante el aumento incesante de costos, llevando el gasto público total a alrededor de 42% del PBI, con el consiguiente efecto negativo en la competitividad internacional de muchas actividades industriales y de servicios. Su supuesta promoción industrial ha dejado casi invariante la participación de dicha actividad en PBI, más bien con una leve tendencia declinante, según cifras oficiales del INDEC para la industria manufacturera. Entre 1993 y 2002 dicha participación era del 16,9%, mientras que en 2003/2013 fue de 16,2%.

Lo único que no hizo hasta ahora fue imponer un férreo control de precios, ya que por suerte sus intentos en ese sentido fueron siempre ineficaces. Aún sin esto los efectos nocivos sobre el capital social y privado del país han sido importantes y llevará mucho tiempo recomponerlo. Esperemos no agregue el desabastecimiento con su programa “precios cuidados”, para llevarnos luego a un estallido inflacionario como el de 1975.

Equipo técnico económico de Elisa Carrió

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